Los ministros de Igualdad de la UE han dado luz verde a la directiva para combatir la violencia contra las mujeres en todo el espacio comunitario, con normas y sanciones armonizadas para perseguir delitos machistas la ablación, el matrimonio forzoso o el ciberacoso, entre otros; pero que dejó fuera la tipificación del sexo no consentido como forma de violación por las reservas de varios gobiernos.
La adopción por parte de los Veintisiete fue el último paso formal necesario para la ratificación definitiva de la primera legislación europea contra la violencia machista, tras la aprobación del Parlamento Europeo a finales de abril.
Esta nueva legislación perseguirá en toda la Unión Europea diversas formas de violencia de género, como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el intercambio no consensuado de imágenes íntimas, el ciberacoso, el señalamiento en las redes y la incitación al odio o la violencia contra la mujer a través de Internet. También establece disposiciones para armonizar sanciones, circunstancias agravantes, jurisdicción y plazos de prescripción.
El marco legal común exige a los Estados miembros implementar leyes más estrictas contra la violencia en línea, así como brindar una mejor asistencia a las víctimas y tomar medidas para prevenir las violaciones. Además, establece directrices específicas para los delitos contra las mujeres en Internet, como la divulgación de información privada.
Entre las novedades, se incluye una lista ampliada de circunstancias agravantes para los delitos que conllevan penas más severas, como los crímenes contra personalidades públicas, periodistas o defensores de los derechos humanos. La nueva legislación también aborda la intención de castigar a las víctimas por motivos de sexo, orientación sexual, color de piel, religión, origen social o convicciones políticas, y el deseo de mantener o restaurar el «honor».
En cuanto a la protección de las víctimas, la directiva establece normas mínimas para priorizar el acceso a alojamientos protegidos y a servicios de salud sexual y reproductiva. Asimismo, las autoridades de los Estados miembros tendrán mayores obligaciones de notificación y recopilación de pruebas, y deberán concienciar a la población de que las relaciones sexuales no consentidas se consideran delito.
Sin embargo, la nueva legislación no incluye la tipificación del sexo no consentido como forma de violación, debido a las reservas de varios gobiernos. Esto se debe a que los servicios legales del Consejo advirtieron que la reforma que se negociaba no ofrecía la base legal necesaria para abordar la violación, ya que primero es necesario que sea considerado un delito europeo, algo que por el momento no sucede.
